Defensa del patrimonio público no puede desconocer principio de buena fe ni la inmutabilidad de los actos administrativos en firme

Este fue el razonamiento del Consejo de Estado en un fallo de tutela contra providencia judicial en el que tuteló el derecho al debido proceso del accionante. El caso se originó luego de que la Policía Nacional, entidad en la que había laborado el actor, le comunicó al momento de pedir su retiro de la institución y solicitar el retiro total de sus cesantías que debía devolver unos dineros pagados por concepto de retiro parcial, teniendo en cuenta que se los dieron por pertenecer un régimen especial del que no hacía parte. El sujeto intentó la nulidad y el restablecimiento del derecho de las resoluciones de la Policía que solicitaban dicha devolución, pero sus pretensiones fueron negadas, razón por la cual instauró la acción de tutela. La Corporación encontró que el fallo acusado desconoció el “principio de la buena fe, inmutabilidad del acto administrativo en firme y de las herramientas con que cuenta la administración para contradecir sus propios actos”. Esto por cuanto el tribunal pasó por alto que el pago parcial de las cesantías fue un acto administrativo que quedó en firme. Por ende, “resulta válido entender que el actor confió en que la administración (…) no iba a revocar [después] ese acto (…), cuando ni siquiera había pedido su consentimiento para revocarlo ni había demandado la nulidad del acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Concluyó señalando que “[l]a Administración, por supuesto, puede y debe defender el patrimonio público. Pero esa defensa no puede ir en contra de los derechos de los administrados” (C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez).