La implementación de la inteligencia artificial y la resolución de conflictos

Marcelo Jiménez Ruiz
Socio gerente de Jimenez Ruiz & Asociados

Cada avance humano, a lo largo de la historia, ha llevado, entre otros asuntos, a plantearse hasta dónde resulta útil cada uno de ellos, cómo se aplicaría y a cuáles de los diferentes campos del saber. En la actualidad, por la extensa difusión mediática de la que ha sido objeto, los avances tecnológicos no solo están en primera plana del mundo en general, sino que, además, permean áreas del conocimiento y sectores de la economía con desarrollos y utilidades tangibles y con un crecimiento exponencial en cortos tiempos. 

Aunque no se trata de un concepto sencillo y de aceptación universal, a manera de noción, compartimos el entendimiento que el Gobierno español (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) tiene de la inteligencia artificial (IA) como “un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción”. Bajo esa perspectiva, hoy resulta apropiado una mirada a la resolución de conflictos en la era tecnológica de la inteligencia artificial (IA).

Para efecto de ese objetivo, resulta ilustrativo una mirada rápida a algunos ejemplos sobre cómo se ha ido implementando la IA en el ámbito judicial de algunos países, incluyendo Colombia, no sin antes hacer la salvedad de que es regla general que ha causado gran impacto y una serie de debates respecto de hasta dónde es conveniente o útil usar la IA y cuándo se requiere la intervención e intermediación humana de los jueces. 

Mirada internacional

En el caso de Brasil, cuentan con el sistema digital Victor, implementado por el Tribunal Supremo Federal del Brasil. Este sistema realiza el análisis preliminar de los argumentos de los recursos de apelación presentados ante el tribunal. Posteriormente, el resultado de ese análisis es sometido al estudio juicioso y a la retroalimentación por parte de los funcionarios judiciales. 

En Argentina implementaron, en el 2017, desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sistema digital Prometea, que aplica la IA con el objetivo de proferir de manera automática dictámenes judiciales. 

Con la incorporación de este sistema, según las cifras reportadas, se ha logrado reducir de “90 minutos a 1 minuto (99 %) para la resolución de pliegos de contrataciones, otra de 167 días a 38 días (77 %) para procesos de requerimiento a juicio, y de 190 días a 42 días (78 %) para amparos habitacionales con citación a terceros, entre otros”. Esto les ha permitido a los funcionarios enfocar la mayor parte de su tiempo a resolver controversias que requieren de análisis más profundo y cuidadoso, procurando brindar seguridad jurídica al sistema judicial. 

Saliendo del ámbito latinoamericano, en EE UU, el Tribunal de Menores del Condado de Montgomery ha implementado, para automatizar decisiones en el sistema judicial, el programa Watson, que le ha permitido (i) garantizar a la ciudadanía consistencia en las decisiones judiciales, aportando a la imparcialidad de la justicia; (ii) reducir el tiempo para la emisión de sentencias judiciales y, al igual que en Argentina, (ii) lograr que los jueces, los fiscales y los magistrados dediquen y enfoquen su tiempo en el estudio juicioso y enfático de casos más complejos. 

Experiencia local

En Colombia, la implementación de la IA se ha realizado por la Corte Constitucional mediante el sistema digital PretorIA, teniendo un gran desarrollo en la optimización del proceso de selección, análisis y estructuración de las sentencias de tutela para revisión de esa corporación, clasificando información de, aproximadamente, más de 2.000 sentencias diarias que se reciben en el alto tribunal. 

El camino de la aplicación de la IA en la resolución de conflictos está en una etapa primaria y el recorrido se ofrece como promisorio y de amplio alcance.

Estas aproximaciones iniciales referidas nos invitan a pensar en diferentes usos y aplicaciones de la IA como una herramienta tecnológica de apoyo a los sistemas judiciales, por ejemplo, en tareas tan desgastantes, pero de inmenso valor de aporte de conocimiento, como una completa organización, clasificación y selección de jurisprudencia, local, supranacional y de otras jurisdicciones. Esto permitiría acceder de manera confiable a precedentes e, incluso, a la construcción con IA de líneas jurisprudenciales específicas, reduciendo el margen de error de exclusión de jurisprudencia relevante o la alta inversión de tiempo humano en su construcción, con un amplio margen de error por omitirse algún precedente. 

Un operador judicial o cualquier persona que administre justicia contaría con el pronto acceso a la información precisa, fiable y determinante para resolver los casos complejos, lo que debería redundar en la reducción de tiempos de la administración de justicia, así como la disminución del margen de error, por lo menos, en las fuentes del Derecho para resolver los conflictos sometidos a la jurisdicción.

Dos corrientes

Sin duda, es fácil identificar dos corrientes fuertes frente al uso y las aplicaciones de la IA en los sistemas judiciales. Unos que ven en ella una solución infalible, ajena al error humano y pronta, que abogan por su adopción irrestricta. Otros que levantan filas de resistencia absoluta y encuentran riesgosa una justicia “de las máquinas” para humanos. Estimamos que tomar partido por tan segmentarias posiciones no aporta a la construcción de soluciones pacíficas y democráticas para la convivencia social. 

El uso de herramientas tecnológicas es una realidad imparable y, sin duda, ha aportado y aportará en soluciones eficientes, entre otros, a los sistemas judiciales. Piénsese, por ejemplo, en los múltiples beneficios que le trajo a la resolución de conflictos un avance, que hoy suena tan sencillo y natural, como el pasar de la escritura a mano, luego a las máquinas de escribir (manuales y eléctricas) y después a los ordenadores. 

Con seguridad, el tiempo y la experiencia adquirida irán determinando y desarrollando más usos adecuados de la IA para la resolución de controversias, en los que se debe procurar el balance correcto entre los beneficios que ofrece la tecnología por sí misma y el respeto de los derechos y las garantías de los administrados cuando acuden al sistema judicial.