Consejo de Estado confirma suspensión del decreto que permitía al Presidente de la República regular servicios públicos

El Consejo de Estado resolvió el recurso de súplica interpuesto por el Gobierno Nacional contra el auto que decretó la suspensión provisional del Decreto 227, del 16 de febrero del 2023, norma que habilitaba al presidente Gustavo Petro a regular los servicios públicos de agua, saneamiento básico, energía y gas. 

Recordemos que la demanda contra la norma se generó porque para un grupo de ciudadanos el decreto fue expedido de manera ilegal y el Gobierno no habría respetado los plazos establecidos; además, el proceso de fijación de tarifas de servicios públicos solo puede cambiarse con una ley tramitada en el Congreso, no con la firma del mandatario en un decreto. 

En la decisión reciente, la alta corte mantiene la tesis de que el Ejecutivo sí habría expedido el decreto de manera irregular, pues la norma obliga a que, previa firma del Presidente, este tipo de normas sean publicadas durante 15 días para recibir comentarios de la ciudadanía, pero en este caso solo se hizo durante dos días, a pesar de que recibieron varias intervenciones ciudadanas. Además, la alta corte indica que, según la Constitución, los mecanismos de fijación de tarifas de servicios públicos solo pueden ser modificados por ley (C. P.: Nubia Margoth Peña Garzón).