Colombia y su precaria seguridad jurídica

Francisco Barbosa

Ph D en Derecho Público Universidad de Nantes (Francia)

@frbarbosa74

margencultural.blogspot.com

La seguridad jurídica se encuentra en el ojo del huracán. Recientes decisiones del Gobierno y de la Corte Constitucional la han puesto en juego. Hemos asistido en los últimos meses a una andanada contra este principio en diversos escenarios. Este ataque está respondiendo a la irracional condición absoluta que han adquirido ciertos derechos en el panorama constitucional de nuestro país.

Es sabido que el Estado social de derecho está compuesto por varios elementos que constituyen el eje central de nuestra tradición constitucional. Los derechos fundamentales y su capacidad de hacerlos exigibles es lo que le dio un contenido normativo que puede revisarse en el desarrollo que la Corte Constitucional le otorga a los 10 primeros artículos de nuestra Carta Política. La seguridad jurídica es otro de esos aspectos que parece que, en esta nueva época, ha comenzado a alterar ciertos referentes fundamentales a la hora de apuntalar el Estado de derecho.

Este principio medular se ha afectado en tres de sus variables.

La primera, tiene relación con el desarticulamiento de los poderes públicos que ponen en juego el mencionado principio. Uno de los ejemplos de esto tiene que ver con el ofrecimiento de forma irresponsable por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (AGH) de varios bloques para explorar la existencia de petróleo en La Macarena. Luego de este ofrecimiento del Estado, Hupecol Operating obtuvo su derecho y procedió a tramitar administrativamente una licencia ambiental que le tomó 4 años y 9 meses en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Esta entidad aprobó la licencia para la exploración de 150 pozos en 15 locaciones a 68 kilómetros del parque de La Macarena. Lo vergonzoso de este asunto es que ni la ANH, ni la ANLA se pusieron en contacto con Parques Nacionales, con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) o con Cormacarena para entender la compatibilidad entre medio ambiente y petróleo en esa zona.

Ante el escándalo, se echó para atrás la licencia con un inocente argumento jurídico, y es el surgimiento de un “hecho sobreviniente” derivado de un concepto de Cormacarena expedido con anterioridad al otorgamiento de la licencia. Inaceptable.

Otro caso que demuestra la inseguridad jurídica que vivimos se presentó a través de la Sentencia C-035 del 2016 de la Corte Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 173 del Plan Nacional de Desarrollo, que mantenía la existencia de proyectos mineros y de hidrocarburos, siempre y cuando tuvieran licencias y contratos suscritos antes del 9 de febrero del 2010 (mineros) y 16 de junio del 2011 (de hidrocarburos) en zonas de páramos. La Corte no acogió la tesis de los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares que pedían ponderar el caso para evitar una multimillonaria indemnización del Estado.

En segundo término, la pulverización de la seguridad jurídica frente a las consultas previas. Estas se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el Estado, como lo recordó el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, quien puso como ejemplo la ampliación del aeropuerto de Buenaventura, cuyas obras han sido bloqueadas por una solicitud de consulta previa, siendo la Aerocivil dueño histórico de esos terrenos. La consulta previa no puede constituirse en una acción extorsiva, por lo que amerita un profundo análisis y reflexión sobre esta figura jurídica. Su existencia debe ponderarse con otros derechos y no caer en su maximización.

Por último, el mensaje internacional que se envió con la decisión del Gobierno de no comparecer ante la Corte Internacional de Justicia por las derrotas sufridas por nuestro Estado contra Nicaragua merced al incumplimiento de la sentencia de noviembre del 2012 y a la demanda sobre plataforma continental extendida. El mensaje es errático. Alejarnos de un proceso a medio camino con el argumento de falta de garantías es una torpe conducta frente a los compromisos asumidos ante el mundo en múltiples campos. Rechazar a los terceros en estas instancias puede afectar la confianza de los inversionistas en el país. Colombia no puede encapsularse con discursos nacionalistas.

Los pasos en falso que estamos dando nos pondrán en un escenario en el cual los recursos que se requerirán para el posconflicto terminarán en manos de las multinacionales que demandarán al Estado por una política de la irresponsabilidad estatal que se ha venido imponiendo en Colombia. Es hora de pensar y actuar con seriedad.