Implementación de acuerdos de paz, un desafío nacional y regional

María Eugenia Ibarra Melo

Coordinadora del Departamento de Ciencias Sociales

Universidad del Valle 

 

El pasado 24 de octubre, se realizó, en la Universidad del Valle, el cuarto foro del Ciclo de conversatorios nacionales y regionales sobre el proceso de paz en Colombia, que tuvo como propósito discutir entre académicos, representantes de la sociedad civil y funcionarios, los desafíos que impone a la región Valle del Cauca y Cauca la posible implementación de los acuerdos para la terminación del conflicto, producto de las negociaciones que se adelantan en La Habana (Cuba), y los retos que tienen sus pobladores y las instituciones en la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

 

Esta propuesta, liderada por el Grupo Acción Colectiva y Cambio Social (ACASO), de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, contó con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), USAID, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), ÁMBITO JURÍDICO y el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).

 

Más de 250 personas asistieron al evento, entre ellos, representantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Mesa Campesina del Cauca, Comité de Integración del Macizo Colombiano, Cosurca, Asociación Campesina de Inza, Mesa Campesina del Cauca, Mesa Afrocaucana, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, Red de Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro, Proceso de Comunidades Negras, Cabildo Indígena Cerro Tijeras, Jamundí y Pueblo Nuevo, Cococauca, Colectivo de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado (Bolívar, Restrepo y Trujillo, Valle), Pastoral Social de Cali, Asociación Nacional Usuarios Campesinos, Comité de Mujeres Corteras de Caña (Pradera, Valle) y la Organización Chontaduro de Aguablanca-Cali.

 

Las discusiones giraron en torno a tres ejes: (i) la participación política: balance y desafíos, (ii) el desarrollo rural y (iii) la seguridad ciudadana. 

 

Más espacios

La primera conclusión es que la gente demanda más espacios de discusión, que les permitan aclarar dudas, plantear sus temores y proporcionar información para comprender los desafíos que tienen el Estado y los ciudadanos en la consolidación de una cultura democrática. Hay grandes expectativas, pero también incertidumbre, por los obstáculos que enfrenta el proceso: la oposición política, las propias contradicciones entre los negociadores y la incomprensión de los ciudadanos sobre lo que significa la paz.

 

La mayoría cree que las negociaciones en La Habana y con el ELN tienen grandes posibilidades de consolidar la finalización del conflicto armado. No obstante, dice estar preparada para una ardua confrontación de intereses en el periodo de implementación de los acuerdos. De ese modo, la construcción de la paz también necesita mejorar la convivencia entre distintos sectores y actores y establecer mayores niveles de confianza.

 

Este espacio demostró la importancia de abrir canales para la reflexión sobre lo que podría ser el posconflicto y la paz en el país y reflejó la fortaleza de la sociedad civil colombiana, lo  cual contrasta con la imagen que proyectan los detractores del proceso en el exterior, que presentan a Colombia como una sociedad derrumbada y un país sin institucionalidad.

 

El foro permitió tener en cuenta las formas de resistencia de los indígenas caucanos, los afrodescendientes, los pobladores de la ciudad escindida y las mujeres, las cuales adquieren una gran significación en la construcción de la paz. A la pregunta del profesor Álvaro Guzmán, parodiando el título del libro de Alain Touraine, ¿Podremos vivir juntos?, sugirió que es necesario hacer todo el esfuerzo para responder afirmativamente, a pesar de nuestras diferencias.

 

Presencia estatal

Un segundo asunto que se desprende de este debate público es el reconocimiento de la presencia diferenciada del Estado colombiano. Parece haber acuerdo en que tenemos un Estado que actúa, quizás desigual en múltiples aspectos, débil en otros, pero no es un Estado fracasado. Por ello, las organizaciones sociales y los múltiples actores le siguen demandando que mejore su intervención.

 

Tal como se deduce de las presentaciones, las expectativas frente al Estado son enormes, de ahí que la interlocución de la sociedad civil con él haya mejorado. Este no tiene la misma representación en todas partes, ni siquiera en las grandes ciudades, pero el gran reto es darle presencia e institucionalidad. Es decir, convertirlo en una forma de poder democrático y legítimo que represente al colectivo, que mejore la prestación de sus servicios, que luche contra la corrupción y el clientelismo. Esto significa dar mayor poder a los ciudadanos para controlar a sus gobernantes y disfrutar de sus derechos.

 

Aunque en algunos momentos del foro se puso en discusión la validez de las identidades y se cuestionó su defensa, dado que el Estado no las reconoce, el debate giró en torno a afianzar la ciudadanía, demandar mayores derechos y garantías para disfrutar de ellos. No obstante, no hay que desconocer la importancia que han adquirido las identidades étnicas, de género, sectoriales, ni el tipo de reivindicaciones que defienden o la denuncia que plantean estos grupos, ante el estigma que les han creado tanto las élites como los medios de comunicación. Por ello, parece haber acuerdo en que las acciones afirmativas se deben fortalecer, mientras permanezcan las desigualdades.

 

La tierra

Tanto en el primero como en el segundo panel, la discusión giró en torno a la importancia del acceso a la tierra y del temor de campesinos, afrodescendientes e indígenas a ceder en sus prácticas productivas culturales por la imposición de un modelo de desarrollo extractivista. Por ello, los panelistas sugirieron que los acuerdos de La Habana deben considerar las formas culturales de tenencia de la tierra y la relación de los pobladores rurales con el territorio. 

 

Así mismo, señalaron que hay que revisar los textos de los acuerdos, sobre todo en relación con los grupos étnicos, los cuales aparecen subsumidos en la categoría de campesinos y pese que se habla del reconocimiento pluriétnico y del carácter multicultural de la nación, no se mencionan medidas dirigidas a su bienestar.

 

Por otro lado, en el panel sobre desarrollo rural, se notó una amplia preocupación por los proyectos extractivos, entre ellos los de minería ilegal y las concesiones a empresas multinacionales; la militarización de los territorios y la restricción de derechos colectivos, por ejemplo, a la consulta previa a las comunidades negras e indígenas para implementar proyectos de infraestructura. A juicio de los analistas, esta situación compromete la viabilidad del proceso de paz.

 

El tercer panel sacó a flote el peso de los asuntos urbanos en las negociaciones de La Habana, entre otros aspectos, por la preocupación que tienen sus pobladores por el modo en que el cese del conflicto armado impacte en la estabilidad o deterioro de la seguridad ciudadana. Entre las alternativas presentadas, se sugiere pensar en rediseños institucionales, concebir nuevas funciones para la Policía y recuperar el carácter civil de esta entidad, y en fortalecer las organizaciones comunitarias para discutir el tipo de seguridad que se merecen los ciudadanos, para transitar y vivir la ciudad sin temor a perder la vida o los bienes.

 

Receptora de víctimas

El diagnóstico de los analistas señala que las ciudades se han convertido en receptoras de víctimas, de “derrotados y desterrados” del conflicto, así como de desmovilizados. Un hecho que ha propiciado el crecimiento de la periferia y la amenaza permanente a la seguridad y la supervivencia, a pesar de ubicarse en un lugar bajo el dominio del Estado, donde al parecer la guerrilla no tiene ningún impacto.

 

Los grupos que se han conformado ahí ponen en riesgo a los más pobres, incluso en un mayor riesgo al que vivían en sus lugares de origen, de donde fueron expulsados. Es una situación inédita, porque quienes se enfrentan no son ejércitos, no tienen ideologías, por lo tanto, la solución a sus demandas no pasa por ninguna mesa de negociación.

 

De lo anterior se desprende que la intervención del Estado y la sociedad debe volcarse en crear el tejido social, en “recrear la sociedad” y repensar la ciudadanía, para evitar que la violencia se enquiste en las ciudades, donde está concentrada la mayor parte de la población del país y se han logrado los mayores niveles de desarrollo.

 

Este problema parece tener solución en fortalecer las autoridades municipales para que puedan dirigir procesos ciudadanos, y eso implica voluntad política y organizaciones populares que los afiancen e impidan que sus jóvenes se vinculen a las organizaciones criminales que ya han hecho carrera en las ciudades. Esto implica cortar todos los hilos de esos circuitos de violencia que las hacen tan inseguras.

 

Por último, el foro permite concluir que el Estado y la sociedad civil actúan a pesar de sus defectos. Este espacio fue una ilustración de cómo participa la sociedad civil colombiana en medio del conflicto y de lo que ella está dispuesta a hacer después de los acuerdos y en la reconstrucción del tejido social.

 

Por ello, para pensar en el posconflicto, es importante tener en cuenta al Estado, pero también a la sociedad. En ese sentido, se demanda mayor compromiso de la academia, del sector privado y de la comunidad internacional para fortalecer la cultura de la paz que necesita el avance del proceso y la posible implementación de los acuerdos que se deriven de la negociación con las guerrillas.