Las polémicas propuestas del Centro Democrático contra la corrupción

Los funcionarios condenados por corrupción vestirían prendas con leyendas como “Trabajo por ser corrupto”, sanción que también aplicaría a las personas naturales condenadas por este tipo de conductas, en caso de que sea aprobado un proyecto de ley radicado ante el Senado de la República de autoría del Centro Democrático.

Se crearía el registro de agenda pública de las entidades del Estado (RAP)

En este documento (RAP), las entidades estatales deberán registrar mensualmente las audiencias o reuniones que realice todo servidor público dentro y fuera de su despacho, sin importar si el encuentro lo realiza con un representante de una empresa o una persona natural.

Lo propio aplica para los miembros de las corporaciones de elección popular, incluido el Congreso, quienes registrarán cualquier gestión que realicen directamente o a través de un tercero ante el Ejecutivo para asignación de recursos para proyectos de inversión. No reportar las gestiones adelantadas sería una causal inmediata de pérdida de investidura.

Reforma al Código Disciplinario Único

El proyecto de ley contempla la reforma de la Ley 734 del 2002, para ampliar la prohibición contenida en el numeral 3º del artículo 35. Así, ningún servidor público podrá solicitar o aceptar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios.

Los funcionarios tampoco podrán gestionar apoyo en dinero o en especie con contratistas del Estado mientras esté vigente el contrato y hasta por dos años después de haber terminado el mismo.

Adición del régimen de inhabilidades

Será causal de inhabilidad para desempeñar cargos públicos haber sido condenado por los delitos de concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; enriquecimiento ilícito; soborno transnacional; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; tráfico de influencias o haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los 10 años anteriores, salvo que se trate de delito político.

Además, las investigaciones por actos de corrupción no tendrían término de prescripción.

Adiciones presupuestales a contratos del Estado

El proyecto propone que cualquier adición a un contrato de obra con recursos del presupuesto general de la Nación que supere el 10 % del valor inicial deberá ser aprobado por el consejo de ministros y puesto para comentarios de los ciudadanos en el portal de contratación pública por al menos 15 días.

Si los recursos son del presupuesto departamental, distrital o municipal, deberá contarse con la aprobación del gobernador o alcalde y todos los secretarios del despacho.

Sanción social

Los funcionarios condenados por corrupción serían sometidos a las siguientes sanciones sociales:

a) Quedarán inhabilitados para ejercer labores de docencia o de cualquier otra índole académica en colegios e instituciones de educación superior.

b) Deberán hacer trabajo social en actividades con visibilidad pública, portando prendas de vestir que digan “Trabajo por ser corrupto”.

c) Serán expuestos con su rostro y detalle de sus condena en espacios públicos llamados “Los muros de la corrupción” y páginas de acceso de información del Estado.

La iniciativa trae a colación cifras reveladas por la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (Andi) que reflejan que los sectores que han sido más afectados por la corrupción a nivel nacional son: salud (74,7 %), aduanas (70,1 %) e impuestos (58,6 %).

Senado de la República, Proyecto de ley 211/17S, Feb. 23/17

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